By EFE
WASHINGTON
Congresistas de Estados Unidos y la organización de exiliados cubanos Directorio Democrático Cubano denunciaron la continua violación de derechos humanos en Cuba, en un informe que además ataca a la OEA por iniciar el proceso para su eventual reintegración al organismo.
Durante una conferencia de prensa en el Capitolio, tanto los legisladores como Janisset Rivero, secretaria nacional adjunta del Directorio, insistieron en que los hermanos Fidel y Raúl Castro deben responder ante la Justicia por ``crímenes contra la humanidad''.
``Creo que es importantísimo este informe... que la opinión pública se entere sobre estos horrores que suceden dentro de la Cuba totalitaria'', dijo el legislador republicano Lincoln Diaz-Balart.
El informe recomienda un cambio de estatus jurídico de los presos políticos en Cuba por el de ``rehenes secuestrados por razones políticas'', de acuerdo con la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la toma de rehenes.
Si bien el informe divulgado el jueves, de 312 páginas, no tiene por ahora peso legal, Rivero dijo que su grupo acudirá ante varias organizaciones de derechos humanos internacionales para lograr el cambio de designación de los prisioneros políticos.
``Estamos empezando un proceso de documentación, y acudiremos ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Amnistía Internacional, Naciones Unidas con una propuesta'', dijo a Efe Rivero.
El gobierno de La Habana de inmediato rechazó los ataques del Directorio, al que acusó de estar al servicio del Gobierno de EEUU.
``Esta es una organización de las tantas creadas y dedicadas a recibir fondos de la USAID en su programa de subversión contra Cuba. Se les paga y se les otorga fondos del contribuyente norteamericano con el objetivo de desprestigiar al pueblo de Cuba'', dijo a Efe Alberto González, portavoz de la Sección de Intereses de Cuba en Washington.
``Cuba no reconoce ninguna autoridad legal ni política ni moral a lo que consideramos un grupo de fulleros que viajan por el mundo y se enriquecen a costa del contribuyente norteamericano'', enfatizó.
Según el Directorio, la situación de los ``centenares'' de prisioneros políticos en Cuba reúne los criterios para que la comunidad internacional los reconozca como ``rehenes de los hermanos Castro, secuestrados por razones políticas''.
El informe ofrece una cronología de los actos de represión contra el activista Orlando Zapata Tamayo, con base en el testimonio de su madre, entre el 6 de febrero del 2009 y el 25 de febrero del 2010, cuando éste fue enterrado.
Zapata Tamayo, que Lincoln Diaz Balart calificó de ``héroe'' y ``mártir'', falleció en prisión tras una huelga de hambre de 86 días. Según el informe, su muerte ``es la responsabilidad del régimen liderado por el general Raúl Castro Ruz''.
El documento se queja de la ``anulación vergonzosa'', el 3 de junio del 2009, de una resolución de 1962 que suspendió a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que abrió la puerta para su eventual regreso de ese país al foro regional.
Para el Directorio, los actos de ``asesinato y tortura'' de personas y ``centenares de muertes en prisiones cubanas tan solo en el 2008 y el 2009'', y las múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos internacionales no impidieron la anulación de la medida.
La resolución, que levantó la suspensión de Cuba, fue aprobada por consenso por los países miembros de la OEA durante su XXXIX Asamblea General el año pasado en San Pedro Sula.
Esa resolución estipula que el regreso de Cuba ``será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA''.
Varios líderes demócratas del Congreso han dicho durante años que la mejor forma de impulsar un cambio democrático en Cuba sería la flexibilización del embargo, y han promovido, hasta ahora sin éxito, medidas para lograrla.
El legislador Albio Sires, el único demócrata en la rueda de prensa, dijo que él no comparte esa opinión.
Durante una conferencia de prensa en el Capitolio, tanto los legisladores como Janisset Rivero, secretaria nacional adjunta del Directorio, insistieron en que los hermanos Fidel y Raúl Castro deben responder ante la Justicia por ``crímenes contra la humanidad''.
``Creo que es importantísimo este informe... que la opinión pública se entere sobre estos horrores que suceden dentro de la Cuba totalitaria'', dijo el legislador republicano Lincoln Diaz-Balart.
El informe recomienda un cambio de estatus jurídico de los presos políticos en Cuba por el de ``rehenes secuestrados por razones políticas'', de acuerdo con la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la toma de rehenes.
Si bien el informe divulgado el jueves, de 312 páginas, no tiene por ahora peso legal, Rivero dijo que su grupo acudirá ante varias organizaciones de derechos humanos internacionales para lograr el cambio de designación de los prisioneros políticos.
``Estamos empezando un proceso de documentación, y acudiremos ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Amnistía Internacional, Naciones Unidas con una propuesta'', dijo a Efe Rivero.
El gobierno de La Habana de inmediato rechazó los ataques del Directorio, al que acusó de estar al servicio del Gobierno de EEUU.
``Esta es una organización de las tantas creadas y dedicadas a recibir fondos de la USAID en su programa de subversión contra Cuba. Se les paga y se les otorga fondos del contribuyente norteamericano con el objetivo de desprestigiar al pueblo de Cuba'', dijo a Efe Alberto González, portavoz de la Sección de Intereses de Cuba en Washington.
``Cuba no reconoce ninguna autoridad legal ni política ni moral a lo que consideramos un grupo de fulleros que viajan por el mundo y se enriquecen a costa del contribuyente norteamericano'', enfatizó.
Según el Directorio, la situación de los ``centenares'' de prisioneros políticos en Cuba reúne los criterios para que la comunidad internacional los reconozca como ``rehenes de los hermanos Castro, secuestrados por razones políticas''.
El informe ofrece una cronología de los actos de represión contra el activista Orlando Zapata Tamayo, con base en el testimonio de su madre, entre el 6 de febrero del 2009 y el 25 de febrero del 2010, cuando éste fue enterrado.
Zapata Tamayo, que Lincoln Diaz Balart calificó de ``héroe'' y ``mártir'', falleció en prisión tras una huelga de hambre de 86 días. Según el informe, su muerte ``es la responsabilidad del régimen liderado por el general Raúl Castro Ruz''.
El documento se queja de la ``anulación vergonzosa'', el 3 de junio del 2009, de una resolución de 1962 que suspendió a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que abrió la puerta para su eventual regreso de ese país al foro regional.
Para el Directorio, los actos de ``asesinato y tortura'' de personas y ``centenares de muertes en prisiones cubanas tan solo en el 2008 y el 2009'', y las múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos internacionales no impidieron la anulación de la medida.
La resolución, que levantó la suspensión de Cuba, fue aprobada por consenso por los países miembros de la OEA durante su XXXIX Asamblea General el año pasado en San Pedro Sula.
Esa resolución estipula que el regreso de Cuba ``será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA''.
Varios líderes demócratas del Congreso han dicho durante años que la mejor forma de impulsar un cambio democrático en Cuba sería la flexibilización del embargo, y han promovido, hasta ahora sin éxito, medidas para lograrla.
El legislador Albio Sires, el único demócrata en la rueda de prensa, dijo que él no comparte esa opinión.
Grande. Mientras más se denuncie en foros internacionales, mejor para la causa democrática de Cuba.
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