La orden está vigente en los 188 países asociados a la organización
"La detención debería haber sido inmediata", señala un magistrado
Cubillas y su esposa son altos funcionarios del Ejecutivo chavista
"El Gobierno decide si esa acusación es delito aquí", dice su abogado venezolano
La orden de búsqueda y captura de Cubillas aparece desde el pasado día 1 de marzo con índice rojo, detención para extradición, en los ordenadores de los 188 países asociados a Interpol, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales y judiciales españolas. Interpol es la mayor organización de lucha contra el crimen con sede en Lyon (Francia) y entre sus asociados figura Venezuela. Si el etarra abandonara su refugio venezolano sería detenido en cualquier aeropuerto del planeta. "No lo hace porque Caracas se ha convertido en su territorio más seguro", asegura un mando policial consultado.
La detención de Cubillas que reclama la Audiencia Nacional debería haberse producido el mismo día 1 de marzo que llegó a Caracas la orden de búsqueda y captura internacional tramitada por Interpol y dictada por el juez Eloy Velasco, según señalan fuentes judiciales que destacan la gravedad de las acusaciones: tenencia de explosivos en colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas.
"En el ámbito policial, la detención debería ser inmediata. Luego ya viene el plano judicial donde se pueden discutir muchas cosas, pero hay una serie de tratados internacionales de colaboración que en este caso obligan a detenerle. Esta situación es anómala", opina un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este periódico ha intentado en vano recabar la opinión de Jorge Galindo, portavoz del Ministerio del Interior venezolano.
Un informe de localización de la Guardia Civil que figura en la causa facilita todos los detalles necesarios para encontrar al etarra que desde que recaló en Caracas en los años ochenta pasó de los pucheros de la Casa Vasca y los fogones de su restaurante Oker, el nombre de su antiguo comando de ETA, a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005 y la jefatura de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo chavista que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas. El pasado 15 de marzo, Cubillas seguía en su despacho del Inte en el centro de Caracas, según comprobó un reportero de este diario.
El juez Velasco dictó el auto de procesamiento contra Cubillas y otros 11 miembros de ETA y las FARC el pasado 24 de febrero, una resolución polémica porque aseguró que obran diligencias en el procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, y en especial en el caso de Arturo Cubillas. Pero hasta el pasado 8 de abril las autoridades de Venezuela no han hecho "acuse de recibo" del auto, según afirma una fuente autorizada del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que asegura que la fase diplomática ha concluido. "Ahora corresponde a las autoridades judiciales de España y Venezuela la colaboración en este caso", añade.
El pasado 18 de marzo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, aseguró haber pedido a Interpol España información de los antecedentes penales y las causas pendientes de Cubillas. Recordó que cuando el etarra llegó a Caracas en 1989 no tenía "antecedentes policiales, judiciales, ni estaba siendo requerido en ninguna parte del mundo". Cubillas adquirió la nacionalidad venezolana gracias a su matrimonio con Goizeder Odriozola, que ha ocupado seis altos cargos en la Administración de Chávez. En la actualidad es directora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, es asesora personal de Elías Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la República.
"No tenemos noticia de ninguna detención. De la posición del Gobierno venezolano lo único que sabemos son las declaraciones que en su día hizo su presidente", señalan fuentes de la fiscalía española de la Audiencia Nacional que el 14 de noviembre de 2008 presentó una querella criminal contra Cubillas y otros etarras por sus entrenamientos con explosivos en, al menos, seis campos terroristas de la selva venezolana.
Marino Alvarado, de 50 años, abogado venezolano y amigo de Cubillas, asegura en una conversación telefónica que este continúa en Caracas y que no ha reclamado sus servicios. "Arturo tiene la condición de refugiado político. No se le puede detener ni extraditar porque tiene la nacionalidad venezolana y la Constitución lo prohíbe. El Gobierno tiene el derecho de calificar si los hechos de los que se le acusan son o no delito aquí".
Cuarenta asesinatos a sus espaldas
Venezuela se ha convertido en la mayor reserva de refugiados y huidos de ETA de Suramérica, en su mayoría veteranos con edades comprendidas entre los 45 y los 55 años. Algunos han vuelto hace poco a las armas. De los siete etarras cuya extradición pidió España hace años y denegó Chávez, cinco están desaparecidos aunque viven en Venezuela, según fuentes policiales. Estos reclamados suman más de 40 asesinatos. Se teme que Cubillas pueda aprovechar la inactividad policial para seguir su estela y desaparecer como por arte de magia.
Informes de inteligencia que obran en la causa aseguran que uno de los procesados por el juez Velasco falleció en 2003 en un enfrentamiento en Colombia entre las FARC y el Ejército colombiano. Se trata de Edgar Gustavo Navarro Morales, Mocho, el jefe de este grupo terrorista, que según la investigación judicial ordenó el asesinato en España de Noemí Sanín Posada, ex embajadora colombiana en España y hoy candidata a la presidencia de su país, y del ex presidente Andrés Pastrana cuando este último residía en Madrid.
Navarro mandó a Madrid al miembro de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar para que controlara los itinerarios de ambos y este informó que no sería difícil atentar contra ellos si contaban con la ayuda de ETA. Fuentes de la fiscalía aseguran que todavía no se ha podido confirmar el fallecimiento de Navarro.
El fiscal Vicente González Mota pidió el procesamiento de Cubillas y de otros etarras al aparecer sus nombres en el ordenador intervenido a Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto en un bombardeo del Ejército colombiano. Un viaje del fiscal jefe Javier Zaragoza a Bogotá (Colombia) fue el preludio de la querella que después apoyó el juez Eloy Velasco y que se apuntaló con el testimonio a policías españoles de varios ex miembros de las FARC que participaron en los cursos de explosivos dados por los etarras hasta 2008.
Uno de ellos explicó que Cubillas recibió en la selva a los expertos en explosivos de ETA y añadió que le acompañaba un varón con vestimenta civil que llevaba un chaleco con el escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) y "un grupo de personas armadas, que a juzgar por su conversación, parecían militares venezolanos que prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
La causa judicial provocó en febrero una crisis diplomática entre España y Venezuela que hoy se considera cerrada. La investigación ha sido declarada secreta y asociaciones españolas y venezolanas han solicitado al juzgado personarse como acusación popular.
Informes de inteligencia que obran en la causa aseguran que uno de los procesados por el juez Velasco falleció en 2003 en un enfrentamiento en Colombia entre las FARC y el Ejército colombiano. Se trata de Edgar Gustavo Navarro Morales, Mocho, el jefe de este grupo terrorista, que según la investigación judicial ordenó el asesinato en España de Noemí Sanín Posada, ex embajadora colombiana en España y hoy candidata a la presidencia de su país, y del ex presidente Andrés Pastrana cuando este último residía en Madrid.
Navarro mandó a Madrid al miembro de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar para que controlara los itinerarios de ambos y este informó que no sería difícil atentar contra ellos si contaban con la ayuda de ETA. Fuentes de la fiscalía aseguran que todavía no se ha podido confirmar el fallecimiento de Navarro.
El fiscal Vicente González Mota pidió el procesamiento de Cubillas y de otros etarras al aparecer sus nombres en el ordenador intervenido a Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto en un bombardeo del Ejército colombiano. Un viaje del fiscal jefe Javier Zaragoza a Bogotá (Colombia) fue el preludio de la querella que después apoyó el juez Eloy Velasco y que se apuntaló con el testimonio a policías españoles de varios ex miembros de las FARC que participaron en los cursos de explosivos dados por los etarras hasta 2008.
Uno de ellos explicó que Cubillas recibió en la selva a los expertos en explosivos de ETA y añadió que le acompañaba un varón con vestimenta civil que llevaba un chaleco con el escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) y "un grupo de personas armadas, que a juzgar por su conversación, parecían militares venezolanos que prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
La causa judicial provocó en febrero una crisis diplomática entre España y Venezuela que hoy se considera cerrada. La investigación ha sido declarada secreta y asociaciones españolas y venezolanas han solicitado al juzgado personarse como acusación popular.
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